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La Administración Central pagó a la Iglesia Católica casi 785 millones de euros en 2011.

En esa cifra no se incluye lo que otorgan las Comunidades Autónomas, que son las que entregan mayores cantidades por tener transferida la Educación y pagar los colegios concertados

Autor: Raimundo Castro.

En la respuesta a una batería de preguntas parlamentarias del senador Joan Saura, en las que interrogaba al Ejecutivo sobre la veracidad de un informe de la Asociación Europa Laica denunciando que las autoridades católicas recibieron ese año 10.000 millones de las arcas públicas, el Gobierno se ha limitado a dar cuenta de lo que depende de la Administración General, pero no niega la cifra. En sus preguntas, Saura critica que el Gobierno mantenga con la Iglesia Católica “unos privilegios incompatibles con un Estado laico, moderno y que entra en contradicción con la Constitución en su artículos 14, 16 y 31”. El senador catalán, ex secretario general de ICV, añadió que es injustificable que la financiación de la Iglesia Católica “permanezca intacta y ajena a los ajustes” cuando el Ejecutivo lleva a cabo profundos recortes en ámbitos como los servicios sociales, la cooperación o las inversiones.

la Administración General del Estado, sin contar con las autonomías, entregó el año pasado a la Iglesia Católica 785.316.216 euros.

Aunque Saura presentó 13 preguntas fundamentadas en un informe que ha hecho público la asociación Europa Laica, en el que se cuantifica en 10.000 millones lo que la Iglesia Católica ha ingresado cada año de las arcas públicas durante 2009, 2010 y 2011, el Ejecutivo se ha remitido a dar cuenta de lo entregado por la Administración Central, sin entrar en lo que otorgan las Comunidades Autónomas (que son las que entregan mayores cantidades por tener transferida la Educación y pagar los colegios concertados) y las diputaciones y ayuntamientos.

La respuesta del Ejecutivo, que abarca también a los años 2009 y 2010, precisa que “en concepto de asignación tributaria con cargo al Presupuesto de Ingresos”, la Iglesia Católica recibió 342.204. 216 euros en 2011. El 2009, fueron 247.907.094 y en 2010, 259.345.287 euros más.

Acto seguido, el texto indica que se han reconocido obligaciones directamente a favor de la Conferencia Episcopal Española con cargo a la aplicación de las “transferencias para atención al culto en centros penitenciarios” por valor de 681.590 euros en 2011, 842.768 en 2009 y 777.940 en 2010.

Por parte de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en lo que se refiere al 1% cultural, el importe total de las actuaciones aprobadas fue de 7.611.164 euros. En total, sumados los de 2009 y 2010, fueron 31,58 millones de euros.

El Gobierno también financió en 2011, por valor de 400.000 euros, la realización del inventario de bienes de titularidad eclesiástica mediante subvenciones a las Comunidades Autónomas. Entre 2009 y 2011, fueron 1,7 millones en total.

En proyectos destinados a la conservación y restauración de bienes culturales de titularidad eclesiástica, la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural entregó en 2011 12.783.325 euros. En el trienio repetidamente citado fueron 48,81 millones.

Para instituciones y centros culturales y educativos dependientes de la Iglesia, a través de Inversiones de las Subdirecciones de Archivos Estatales y de Coordinación Bibliotecaria, se entregaron 211,000 euros y en el trienio supuso la cifra de 534.276 euros. El Gobierno matiza que las cifras no son definitivas porque la Iglesia ha renunciado a algunas subvenciones.

Tras aclarar que el Ministerio de Educación “no realiza ningún pago directamente a la Iglesia Católica para el mantenimiento de las instituciones católicas del sector educativo”, aunque se trata de una competencia también transferida a las CCAA, la política de educación recibe recursos del Ministerio a través de Programas de Cooperación Territorial que se han venido gestionando mediante transferencias a las distintas autonomías, aunque con destino a todo tipo de centros, no sólo los católicos.

Respecto al pago de las nóminas de los profesores de religión, el Gobierno precisa que la Administración General paga exclusivamente las de las CCAA que gestiona (Ceuta y Melilla) y la de los profesores de Andalucía, Aragón, Canarias y Cantabria cuyos Gobiernos renunciaron a la trsnferencia. El coste de todo ese profesorado, se indica, ascendió en el curso 2010-2011 a 109 millones y el Ejecutivo estima que en el curso 2011-2012 será de otros 100.000 euros, incluidos los costes de la Seguridad Social.

En lo referido a las convocatorias de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del IRPF (al margen de la casilla del 0,7%), se concedieron a la Iglesia católica 86,71 millones de euros.

El 0,7% de la cuota íntegra del IRPF del año 2011 que corresponde a los contribuyentes que manifiestan expresamente su voluntad de que se destine al sostenimiento de la Iglesia Católica no se ha cuantificado todavía. El Gobierno afirma que supuso 229,97 millones en 2008; 227, 37 millones en 2009; y 225,71 millones en 2010.

A una pregunta especifica de Saura, el Gobierno también aclara que “la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede no forma parte del programa legislativo para esta legislatura, ni en el programa del Partido Popular se hace referencia a la aprobación de un anteproyecto de Ley de Libertad Religiosa”. Con toda intención, el Gobierno especifica que “los acuerdos forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y mantienen su vigencia de manera que los poderes públicos están obligados a cumplirlos e interpretarlos conforme a la Constitución.

En ese punto, añaden que la cooperación con la Iglesia Católica se asimila a un convenio internacional “de manera que su modificación se ha de ajustar a las normas de derecho internacional por imperativo del artículo 94 de la Constitución. El Ejecutivo recuerda que la cooperación con la Iglesia, de acuerdo con los acuerdos de 1979 firmados con la Santa Sede, establece que actualmente “la financiación responde al modelo de asignación tributaria, cuyo porcentaje y condiciones se especifican en el Canje de Notas de 22 de diciembre de 2006”. “La financiación de la Iglesia Católica se establece –concluye el Gobierno- en una norma que tiene naturaleza de convenio internacional cuya modificación exige, por tanto, un nuevo acuerdo entre las partes”.