María Isabel Altamirano Gutiérrez, viuda y con dos hijos, denuncia que el Obispado le ha interpuesto una demanda de desahucio por falta de pago de 47,34 euros de la rentas del piso en el que residen, el primero de la finca número 3 de la calle Obispo José María Rancés, en el barrio del Pópulo.
La finca fue propiedad de la Asociación de Hijas de la Inmaculada Concepción de María Santísima.
Ya en el año 2005, después de que el Obispado hubiese comprado la finca a la asociación religiosa, la Junta de Andalucía asumió la rehabilitación del inmueble, realojándola a ella en una casa de la calle Pasquín, pero concluidas las obras le negaron regresar al piso tercero de Obispo José María Rancés, por lo que inició un nuevo pleito, que el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz no estimó, por lo que pasó a ocupar el piso primero que habita desde junio de 2010.
Desde esa fecha no logró tampoco que le cobraran las rentas, que ingresaba a partir de entonces en una cuenta de la administradora de la finca.
Pero en octubre de 2011, mediante un burofax, el Obispado le reclamó las rentas desde agosto de 2008, además de una diferencia, pese a que no fue hasta junio de 2010 cuando volvió a la vivienda ya rehabilitada.
Por otra parte, desde la empresa San Francisco Servicios Profesionales, a la que la Gerencia del Obispado tiene encomendada la administración de sus propiedades, preguntados sobre la denuncia de María Isabel Altamirano manifestaron que la deuda de los 1.250,30 euros la abonó una vez presentada la demanda, que siguió por tanto su curso, y que los 47,50 euros a los que alude son de unas diferencias de los pagos que adeudaba.
Y afirman: “El obispado ha actuado legalmente, con justicia y que por lo tanto tenían la conciencia tranquila”.
¿dónde puedo ingresar los 48 euros para esta familia?
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